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Militares egipcios confirman levantamiento del estado de emergencia

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El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna en Egipto confirmó que la ley de emergencia aprobada hace más de tres décadas deja de ser efectiva desde hoy pero al mismo tiempo aseguró que los militares mantendrán el orden público hasta completar el traspaso del poder a una autoridad civil.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna en Egipto confirmó que la ley de emergencia aprobada hace más de tres décadas deja de ser efectiva desde hoy pero al mismo tiempo aseguró que los militares mantendrán el orden público hasta completar el traspaso del poder a una autoridad civil.

 

“El Consejo (…) seguirá respondiendo por la seguridad del país y la de los ciudadanos en este período importante para la nación hasta concluir la transferencia de poderes”, consta en una declaración divulgada este jueves por la junta militar.

 

La transición en Egipto debe completarse a finales del próximo mes con el traspaso del poder a un nuevo presidente salido de la segunda vuelta electoral, a celebrarse el 16 y el 17 de junio. En las urnas competirán el candidato de los Hermanos Musulmanes,  Mohamed Mursi y el último primer ministro del régimen de Hosni Mubarak,  Ahmed Shafik, los dos favoritos de la primera ronda que tuvo lugar el 23 y el 24 de mayo y en la que ninguno de los 13 candidatos obtuvo más del 50% de los votos.

 

La víspera, el  Gobierno egipcio solicitó a la Cámara baja del Parlamento extender la vigencia de la ley de emergencia adoptada a principios de la década de 1980, tras el asesinato del ex presidente Anwar Sadat. La prórroga anterior, por un plazo de dos años, fue aprobada el 31 de mayo de 2010, antes de la revuelta popular que barrió del poder al régimen de Mubarak en primavera de 2011.

 

Desde junio de 2010 sólo se aplicaban las cláusulas relativas a los delitos de terrorismo y narcotráfico cuyos autores eran arrestados sin orden judicial y juzgados por tribunales militares. Mubarak se aprovechó de la ley de emergencia para introducir tropas en las ciudades y decretar un toque de queda durante las protestas multitudinarias de enero y febrero de 2011. La abolición de esta ley, vista como un instrumento de represalias políticas, fue una de las principales demandas durante el levantamiento popular contra el régimen y la junta militar que se instauró en el poder tras el derrocamiento de Mubarak sólo la aplicaba contra el delito de bandidaje en los últimos meses.

 

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