El primer ministro de Turquía, el islamista moderado Tayyip Recep Erdogan, presentó hoy, en medio de una gran expectación, una batería de reformas políticas que atienden tanto algunas de las demandas de los kurdos, como de los sectores tradicionalistas del Islam.
Según medios internacionales, las reformas amplían los derechos de la minoría kurda. En particular, los colegios privados podrán impartir clases en kurdo y en los idiomas de otras minorías. Además, algunas de las localidades recuperarán sus nombres kurdos originales. También se suprimirán las multas por usar las letras del alfabeto kurdo que no existen en el alfabeto turco.
Por otro lado, se permitirá llevar el velo islámico para las funcionarias turcas, a excepción de las jueces y fiscales, informa el diario Hurriyet.
Entre otras medidas, el primer ministro turco anunció que se castigarán actividades que “impidan a los grupos religiosos profesar sus creencias”. “También endureceremos las penas para los delitos de intolerancia, de uno a tres años de cárcel, para hacer frente a la discriminación”, adelantó.
Además, el Gobierno prevé simplificar el procedimiento para celebrar manifestaciones y mítines y ampliará la franja horaria en la que se pueden realizar hasta la medianoche.
La muy esperada presentación de las reformas políticas se produce apenas 20 días después de que el comité ejecutivo de la Unión de Comunidades Kurdas suspendiera el repliegue de las milicias iniciado en mayo pasado debido a la “negativa del Gobierno turco a avanzar en la solución democrática del problema kurdo”. Al mismo tiempo, los líderes kurdos se comprometieron a mantener el alto el fuego a la espera de las reformas.
En una primera reacción, Gultan Kisanak, dirigente del Partido de la Paz y la Democracia, un partido kurdo reconocido por el Gobierno de Ankara, declaró que las medidas presentadas este lunes por Erdogan son insuficientes para resolver el problema de las minorías étnicas en Turquía.
“Consideramos que tal como se presenta en este momento, este paquete de medidas no responde a nuestras demandas en el ámbito de los derechos y las libertades y no favorece el avance del proceso de paz”, recalcó Kisanak.
