Un nuevo paquete de leyes antiterroristas, aprobado en primera lectura por la Duma rusa, podría convertirse en un instrumento de represalias y ajuste de cuentas, advierten expertos citados hoy por el diario Novie Izvestia.
Además de endurecer y ampliar las sanciones por delitos terroristas, las nuevas leyes buscan restringir las transferencias anónimas por internet y reforzar el control del Estado sobre la información que se publica en la web.
Uno de los proyectos obligaría a los propietarios de sitios web, bajo pena de multa, a notificar el inicio de operaciones a la agencia supervisora de los medios, Roskomnadzor, así como almacenar durante seis meses y desvelar a petición de autoridades los metadatos del intercambio de textos, sonidos e imágenes en la red.
Analistas del Centro Sova califican de “excesivas” estas medidas, pues no permitirán realizar un seguimiento exhaustivo de los flujos financieros, pero sí podrían poner en peligro la libertad de expresión, la privacidad y la actividad económica de los ciudadanos.
“Son absolutamente inviables. No entiendo cómo es posible controlar un fenómeno tan masivo como el surgimiento de sitios web. Con requisitos tan inviables podemos dar por seguro que se aplicarán selectivamente”, señaló el director del centro, Alexandr Verjovski.
En su opinión, “habrá quienes lo usen contra oponentes políticos o personas que les caigan mal, o con fines estrictamente estadísticos”.
