Las autoridades del estado brasileño de Paraná alcanzaron un acuerdo en la madrugada de este martes con los reos amotinados en la cárcel de Cascavel que exigían mejoras en sus condiciones de vida, según informó la Secretaría regional de Justicia.
Tras permanecer amotinados desde la mañana de este domingo, los presos del centro penitenciario regional de Cascavel pactaron con las autoridades brasileñas el traslado a otros centros con mejores condiciones, poniendo fin a la revuelta sobre las tres de la madrugada de este martes y permitiendo el acceso de los agentes de seguridad al presidio.
Las autoridades brasileñas informaron de que durante la rebelión murieron en total cinco presos, dos de ellos degollados, y otros 25 resultaron heridos. Los dos funcionarios públicos que eran mantenidos como rehenes fueron liberados y tuvieron que recibir asistencia médica, aunque sus vidas no corren riesgo.
Según la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía (Seju), 851 reos fueron transferidos a otras prisiones de Brasil con mejores condiciones como parte del acuerdo para poner fin a la rebelión, mientras que 265 reos permanecieron en la cárcel de Cascavel, al sur del país. En el momento del amotinamiento había diez funcionarios de prisiones y 1.040 reclusos en el centro penitenciario de Cascavel, que tiene capacidad para 1.116 presos.
La rebelión del centro penitenciario de Cascavel comenzó este domingo durante la hora del desayuno, cuando varios reos consiguieron dominar a la decena de agentes que se encontraban en el lugar, según el comunicado oficial del Sindicato de Agentes Penitenciarios de Paraná. De acuerdo con la versión oficial de los hechos, los presos se amotinaron para reclamar mejoras en la calidad de alimentos, higiene e infraestructura, así como para exigir el fin de la supuesta violencia que ejercen los agentes penitenciarios contra los reos.
Brasil tiene la cuarta población carcelaria más grande del mundo, con aproximadamente 550.000 reos. Varias asociaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos denuncian que el número de presos en las cárceles brasileñas supera en un 30% la capacidad total de los presidios del país.
