Un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por policías antimotines contra una protesta de pobladores rurales, en una autopista del central estado de Puebla, mató a un niño indígena de 13 años, indica una investigación presentada el jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).
La investigación de la tragedia desmiente la versión del Gobierno de Puebla (100 km al este de la Ciudad de México), según la cual la muerte del niño había sido causada por un cohetón pirotécnico artesanal que impactó en su cabeza, lanzado por los mismos manifestantes campesinos, el pasado 9 de julio.
FOTO del enfrentamiento en la carretera Atlixco-Puebla entre policía y colonos que la bloqueaban http://t.co/NhlfCZ1DpL
— Mauricio Ayala (@huichol19) 9. Juli 2014
"Un policía que portaba un arma con ambas manos en la carretera, disparó a 50 metros de distancia en dirección a donde se encontraba el menor", y otras nueve personas, entre ellas dos niños más, sufrieron lesiones "circulares de 3 a 6 centímetros de diámetro", estableció la CNDH.
Durante el operativo, los agentes de policía utilizaron 930 granadas, cartuchos y proyectiles de gas lacrimógeno, 472 fueron lanzados directamente a los inconformes.
"La lesión mortal que sufrió el menor José Luis Tlehuatle, en el desalojo en una autopista del estado de estado de Puebla (100 km al este de la capital), no fue por cohetón, sino por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por policías estatales", concluyó la CNDH, de acuerdo con el informe presentado por el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.
El responsable de la protección de los derechos humanos, un órgano autónomo federal, emitió una recomendación al Gobernador Rafael Moreno por "violaciones graves de derechos humanos", al tiempo que señaló a la secretaría de Seguridad Pública estatal y a la Procuraduría de Justicia por incurrir en "uso indebido de fuerza pública".
El niño indígena acompañaba a sus familiares de una comunidad para exigir el regreso de las oficinas del Registro Civil que habían sido trasladadas a otro municipio; pero la protesta de un millar de pobladores del pequeño municipio rural fue reprimida violentamente en la carretera Puebla-Atlixco.
El Gobierno de Puebla debe iniciar un procedimiento de responsabilidad y una denuncia contra del secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas, por "uso inadecuado y negligente del armamento".
Una Fiscalía Especial deberá investigar las agresiones contra los habitantes del pequeño municipio indígena de Ocoyucan (130 km al este) que protestaban; y el Gobernador deberá encargarse de que se repare el daño a las víctimas y se satisfagan las demandas sociales de los humildes pobladores.
Finalmente, la CNDH instruyó al Gobernador para que "ofrezca una disculpa institucional" por parte de los funcionarios que participaron en el desproporcionado operativo; y "de garantías de no repetición de los hechos", de lo contrario puede ser llamado a comparecer ante el Congreso federal de México para explicar sus razones.
