La campaña del referendo escocés ha subido de tono en la jornada de hoy, con acusaciones de juego sucio y categóricos desmentidos en ambos lados del enconado debate.
El meollo de la última disputa, a siete días de la consulta, se centra en la anticipada estampida desde Escocia a Inglaterra de las sedes de los principales grupos financieros en el supuesto de una victoria del sí a la independencia.
El Royal Bank of Scotland (RBS) ha confirmado este jueves que registrará su oficina legal en Londres si el electorado apuesta por separarse del resto de Reino Unido, el próximo 18 de septiembre. El cambio de domicilio fiscal no afectará, al menos a corto plazo, a la plantilla de 12.000 empleados en Escocia ni a los servicios que la entidad ofrece al norte de la frontera.
RBS se asegura, sin embargo, el amparo y supervisión del Banco de Inglaterra y del sistema de regulación británico ante la potencial ruptura política de Reino Unido. La misma estrategia la están adoptando otros grandes grupos financieros con sede en Escocia, entre ellos Lloyds, en cuya capital el Gobierno de Londres retiene una participación del 25%.
El 81% de las acciones de RBS siguen bajo control estatal como consecuencia de la crisis financiera. Y el Tesoro británico ha caído hoy en el blanco de la ira de Alex Salmond, jefe del Gobierno escocés. El líder nacionalista ha acusado a funcionarios ministeriales de filtrar, la noche anterior a la BBC, el anuncio del traslado a Londres en una intencionada estrategia para dañar la campaña independentista.
"Es un asunto de enorme gravedad", ha denunciado Salmond tras explicar a los medios que la normativa británica prohíbe divulgar información mercantilmente sensible antes de la apertura de la bolsa londinense. De acuerdo con el mandatario escocés, los títulos del RBS se desplomaron de madrugada en los mercados asiáticos.
Salmond acusa al ministerio de Finanzas de participar en la estrategia unionista de "asustar, intimidar y dominar" al electorado escocés. Y reclama la apertura de una investigación oficial sobre la filtración a la BBC, que los funcionarios del Tesoro niegan haber efectuado.
