El Estado español acusa a la Infanta, que no forma parte de la Familia Real, de "venir disfrutando" de los beneficios que obtuvo su marido Iñaki Urdangarín al defraudar a Hacienda 337.138 euros en 2007 y 2008.
Cristina de Borbón está imputada en el denominado Caso Noos o caso Urdangarín, una trama de corrupción política que empezó en el año 2010.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Urdangarin y su ex socio Diego Torres de "malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales".
Sus actividades delictivas se realizaban a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, la sociedad Nóos.
La acusación particular sostuvo que el cuñado de Felipe VI se sirvió paralelamente de la sociedad Aizoon, de la que la infanta es copropietaria en el 50%, para realizar su actividad delictiva.
La Hacienda española alega que los fondos eran destinados a "servicios y suministros que repercutían en beneficio de ambos cónyuges", al tiempo que disfrutaron de los "bienes con los que ambos acusados se han lucrado, participando de esta forma de los efectos de los delitos contra la Hacienda Pública objeto de este escrito".
Hacienda pide siete años de cárcel para Urdangarin y una multa de 1.011.431 euros.
Tanto la Agencia Tributaria como la Abogacía del Estado consideran que Urdangarin y su socio Diego Torres son "los únicos responsables generadores de beneficio económico" y estiman que son los "autores intelectuales y materiales, únicos artífices, ejecutores y beneficiarios de esta estructura artificial".
Y recuerdan que sus ingresos deben "imputarse a su renta personal" ya que se dedicaron a "ocultar las retribuciones personales" con su red de empresas.
Por esta misma acusación, la Fiscalía reclama 600.000 euros a la infanta. Hace dos días, la defensa de Cristina de Borbón ya avanzó que consignará "de forma inmediata" el dinero que se le reclama como indemnización por el caso Nóos.
El fiscal Pedro Horrach pidió el martes 19 años de cárcel y 3,5 millones de multa y para Urdangarin. También solicitó que se archive la causa contra la Infanta por "inexistencia de indicios de delito".
