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Nueva ronda de conversaciones entre Cuba y Unión Europea

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Representantes de Cuba y de Unión Europea se reúnen desde este miércoles en La Habana para tratar de lograr un acuerdo de diálogo político y cooperación bilateral, para intentar dejar atrás más de una década de desencuentros y sanciones.

Esta ronda debe permitir avanzar en la negociación del capítulo del Acuerdo concerniente a la Cooperación y al Diálogo sobre Políticas Sectoriales, destaca una nota de la Cancillería cubana, sede de la reunión.

El encuentro está previsto celebrarse durante dos días a puertas cerradas, es la tercera ronda del diálogo iniciado en abril de 2014.

De acuerdo con el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, ambas comitivas deben realizar intercambios preliminares sobre los los capítulos del mencionado acuerdo, que se refieren al comercio y al diálogo político.

Con anterioridad las conversaciones se desarrollaron en La Habana en abril de 2014 y que tuvieron su segunda edición en agosto del mismo año en Bruselas, Bélgica. De acuerdo con la parte cubana, las negociaciones se han venido desarrollando con normalidad y "sobre bases de igualdad y respeto mutuo".

El grupo negociador de la UE está presidido por el director ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler, y el de la parte caribeña por el viceministro de Relaciones Exteriores Abelardo Moreno.

Según dijo en noviembre el embajador del bloque comunitario en La Habana, Herman Portocarero, las dos primeras rondas se centraron en asuntos de cooperación, mientras que en esta se centrará en asuntos más políticos, relacionados con los derechos humanos y la sociedad civil.

La UE aplica a Cuba la llamada "posición común", una política restrictiva que condiciona las relaciones con la isla a avances democráticos y en materia de derechos humanos.

Esta política, que tomó fuerza en 2003, después de que los países europeos aceptaran por unanimidad la propuesta defendida por el entonces jefe del gobierno español José María Aznar, es obsoleta y ha sido condenada por numerosos diputados europeos.

El sucesor de Aznar en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó modificar esa posición, pero no logró la unanimidad de los países de la región.

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