Editado en forma de documento digital y renovado cada tres años, el diccionario se utilizaría en el examen de conductas tipificadas como delitos de ofensa o ultraje de palabra.
Degtiariov afirma que la falta de una "lista de referencia" de palabrotas constituye un gran obstáculo para lograr la unidad de la práctica judicial.
Según indica el proyecto de ley, el diccionario será de uso obligatorio para los jueces y expertos que investigan si el demandado incurrió en insultos y ofensas.
El diputado asegura que la edición del diccionario acelerará las vistas y el dictado de sentencias y serán innecesarios los peritajes lingüísticos.
Dice que asimismo aumentará la confianza en el sistema judicial porque las palabras injuriosas se considerarán tales a partir de un documento aprobado a nivel federal.
