Según los términos del acuerdo PSI, que salió a luz en 2012, la operación debía contribuir a reducir la deuda griega del 160% del Producto Interior Bruto (PIB) al 120,5% para 2020.
A diferencia de la situación en Argentina, que anunció la suspensión de pagos en 2002, el caso de Grecia fue diferente, ya que se basó en el consentimiento de los acreedores.
La operación supuso el canje de los bonos por otros depreciados a algo más de la mitad de su valor, y la condonación de unos 107.000 millones de euros, el 53,5 % de 206.000 millones, que no se hallaban en manos del sector oficial (bancos centrales, UE, FMI, instituciones oficiales).
Algunos tenedores de deuda no aceptaron las pérdidas e interpusieron dos demandas ante tribunales alemanes.
Éstos, por su parte, pidieron a la Corte Europea que se pronuncie.
La Corte Europea finalmente falló a favor de los demandantes.
