Ayer por la noche, la Casa Real ordenó que fuese revocado el uso del título de Duquesa de Palma por parte de Cristina de Borbón, imputada en un escándalo de corrupción conocido como el caso Nóos.
“Es al Rey a quien corresponde conceder y en su caso revocar la concesión de títulos vinculados a la Corona”, indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Es una “potestad exclusiva suya”, remarcó tras la reunión semanal la portavoz del Ejecutivo español.
Preguntada por los derechos sucesorios de la Infanta Cristina —hoy es la sexta persona en el orden de sucesión- contestó que le corresponde a ella “proceder a su renuncia”.
Pero la Casa del Rey mantiene que la misiva llegó después de que el Rey le anunciara ayer mismo a su hermana que había decidido retirarle el título de duquesa de Palma, anuncio hecho minutos antes de que el Palacio de la Zarzuela lo hiciese público.
El abogado de la infanta explicó a los periodistas que Cristina no quiere “generar polémica alrededor de la decisión” pero admitió que renunció título “con disgusto”, porque “Palma representa mucho para ella”
En el texto manuscrito, Cristina, que vive en Suiza, se presenta como víctima de “acusaciones infundadas” y escribe que si no renunció antes al ducado de Palma fue por el gesto podía ser interpretado como un “desdén” a esa ciudad a la que quiere y admira.
La decisión real, aunque no se ha mención, intenta evitar que el caso Noos afecta a la Casa Real a medida que se acerca el inicio del juicio.
La hermana del Rey fue vista esta semana junto a su hermano y toda la familia real en el funeral del príncipe Kardam de Bulgaria, un hecho que no ocurría desde hace más de dos años.
Tanto la Infanta como su marido, Iñaki Urdangarín, están imputados en un escándalo de corrupción política en el que el cuñado de Felipe VI se aprovechó de su posición para conseguir a dedo contratos millonarios.
En el caso Nóos se sentarán 18 personas en el banquillo de los acusados, entre los que se encuentran la propia hermana del monarca y su marido, además de empresarios y otros políticos de la Comunidad Valenciana, de los Islas Baleares y de Madrid, regiones en las que el Partido Popular, que lidera Mariano Rajoy, lleva gobernando desde hace más de veinte años.
El juez acusa a Urdangarin de “prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias, blanqueo y dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Se enfrenta a penas que van de los 19 a los 26 años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros.
En el caso de Cristina de Borbón, la Fiscalía Anticorrupción la acusa de haberse lucrado de parte de más de un millón de euros que percibió de forma irregular la sociedad Aizoon, de la que era copropietaria en el 50% junto a su marido.
Sin embargo, en el caso de la hermana del monarca, no está previsto que haya penas de prisión.
