"Los esfuerzos por limitar el voto no han terminado", sostuvo Berman.
Este jueves 6 de agosto se cumple medio siglo de la entrada en vigor de la Ley de Derecho al Voto, considerada una de las grandes conquistas del movimiento por los derechos civiles.
Desde 2012 varios estados de mayoría republicana vienen aprobando normas que dificultan el sufragio de las minorías. Y en 2013, la Corte Suprema de Justicia recortó parte de las garantías de la ley de 1965, dando lugar a un reclamo de eliminar la potestad del gobierno federal de anular leyes electorales locales que considere discriminatorias para grupos minoritarios.
Al menos 15 estados, gobernados casi todos por republicanos cercanos al Tea Party, han introducido leyes más restrictivas, que entre otras cosas prohíben votar a las personas que hayan cumplido penas de cárcel en el pasado, observó Berman.
En EEUU, un país donde no existe el documento nacional de identidad, la tendencia desde mediados de la década de 1960 ha sido la de aligerar los requisitos para ejercer el sufragio.
Pero en 2011, el gobernador de Wisconsin y candidato a las primarias, Scott Walker, aprobó una ley pionera que obliga a presentar ante la mesa electoral un carné de conducir, un pasaporte, una tarjeta de identidad del ejército, un carné de estudiante o una identificación especial expedida por el estado.
Este requisito, en palabras del columnista de The Daily Beast, Gary May, "hará especialmente arduo votar a la población que ha apoyado de forma más mayoritaria a Barack Obama en las elecciones de 2008 y 2012, como las minorías raciales, los estudiantes y los ancianos".
La ley de Walker propició no menos de una docena de normas similares en otros estados.
Berman cita un estudio de 2014 realizado por la Oficina de Contabilidad del Gobierno, que expone cómo las nuevas normas electorales adoptadas en Kansas y Tennessee, exigiendo la presentación de un documento oficial para votar, suprimieron entre dos y tres por ciento de la concurrencia a las urnas, sobre todo de votantes afroamericanos y jóvenes, en los comicios presidenciales de 2013 en los que esa reducción era suficiente para influir en los resultados.
En 2012, una delegación de la influyente Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo que consideró una maniobra orquestada por decenas de estados para dificultar la participación de los votantes.
Entre los intentos denunciados por la NAACP figuraba la "limitación de las formas con las que pueden identificarse los votantes", el "recorte de las oportunidades para votar de los jóvenes", la "restricción de dónde y cuando pueden registrarse esos mismos votantes", y la "prohibición de votar a los exconvictos".
"Hemos regresado al punto de partida", dijo el presidente la NAACP, Benjamin Todd Jealous. "Más estados han aprobado más leyes que expulsan a los votantes de las urnas que en cualquier otro momento desde el amanecer de las leyes Jim Crow", promulgadas por estados sureños a partir de 1880 para blindar la segregación racial, aseveró.
El gobernante Partido Demócrata afirma en su web que "muchos votantes aún se enfrentan a dificultades en el proceso de votación, y a menudo y de forma desproporcionada los afectados son mujeres, personas de color, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, aquellas con ingresos bajos, así como miembros del ejército y veteranos de guerra".
En numerosas zonas de EEUU los votantes constatan que faltan centros de votación, las máquinas son anticuadas y hacen muy difícil sufragar a las personas mayores o con problemas de comprensión lectora, o rigen leyes "innecesariamente complicadas", sostienen los demócratas.
Debido a la multiplicación de leyes que restringen los requisitos para el sufragio y regulaciones que entorpecen el ejercicio democrático de los pobres, el paisaje electoral de EEUU, señala Berman, presenta una situación similar a la que existía antes de 1965 y de la Ley de Derecho al Voto.
