"Pedimos una investigación transparente y clara que nos diga lo ocurrido. Queremos que la policía actúe siempre de forma respetuosa, conforme a los derechos fundamentales y siguiendo los protocolos necesarios para evitar el abuso de la fuerza", asegura en declaraciones a Sputnik Nóvosti Alejandra Villaseñor, de la asociación "Sin papeles" de Madrid, una de las convocantes.
Todo ocurrió el pasado martes, en torno a las seis de la mañana (hora local) en Salou (Cataluña), cuando varios agentes de los Mossos d'Esquadra, la Policía catalana, irrumpieron en el piso donde residía Mor, el senegalés fallecido, de 50 años de edad.
El intendente de los Mossos d'Esquadra, Xavier Gámez, aseguró que Mor "intentó huir por el balcón" cuando escuchó el grito de "¡Policía!" durante la entrada de los agentes en su vivienda.
La versión policial afirma que, al intentar huir, sobrepasó la barandilla y se precipitó al vacío. Sin embargo, las contradicciones policiales y la versión del compañero de piso del senegalés, que asegura que hubo un forcejeo con la policía, dejan muchas sombras en la investigación.
La organización Red Española de Inmigración ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue lo ocurrido debido a las "contradicciones" policiales e incluso la familia de Sylla ha denunciado a la policía en los juzgados.
"¡No más muertes!", "Basta de acoso policial "," Ningún ser humano es ilegal", gritaban los manifestantes en la madrileña Puerta del Sol.
En la concentración, que se desarrolló de forma pacífica, no faltaron las velas e incluso se guardó un minuto de silencio en memoria de Mor, que llevaba más de dos décadas viviendo en Salou.
"En primer lugar queremos decir que no estamos hablando de un caso aislado. Continuamente se producen violaciones de derechos fundamentales", afirmaron en el manifiesto.
Desde la entrada en vigor del nuevo código penal, el pasado 1 de julio, los vendedores ambulantes como Mor pueden ser detenidos, encarcelados o deportados a su país sin necesidad de ser parte de un "grupo organizado" que actúa contra la propiedad intelectual.
"La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores (falsificados) será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años", asegura la nueva norma penal.
Además, en el caso de los inmigrantes, pueden ser expuestos a que se le retire el permiso de residencia y ser expulsados del país, según la Ley de Extranjería.
