“Este plan estaba previsto conforme con los diálogos (de paz) que se llevan en La Habana con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en los cuales se plantea un desarrollo alternativo rural integral en las zonas donde hoy existen estos cultivos ilícitos”, dijo a Sputnik Nóvosti el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), Bo Mathiasen.
El último censo de la UNODC, publicado el 31 de diciembre de 2014, cifró en 69.000 las hectáreas sembradas con coca, materia prima de la cocaína, sobre todo en los departamentos sudoccidentales de Nariño, con 25 por ciento, y Putumayo, con 20 por ciento, señaló Mathiasen.
Pero “no será necesario hacer erradicación forzosa y manual en todas ellas, ya que la idea del Gobierno es negociar con las comunidades rurales y que ellas hagan la erradicación voluntaria de sus cultivos ilícitos a cambio de apoyo por parte del Estado”, aclaró el funcionario.
Sustituición voluntaria
El Gobierno prevé una estrategia en seis frentes: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.
De los 1.102 municipios colombianos, solo 204 tienen cultivos de coca, y el 81 por ciento de la producción se concentra en cinco departamentos sureños, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y Guaviare, y en el norteño Norte de Santander.
El plan implica aumentar la inversión social para que los agricultores sustituyan sus plantaciones por cultivos legales y creen nuevos proyectos agropecuarios y redes que les permitan poner sus productos rápidamente en el mercado.
También se otorgarán títulos de propiedad sobre las tierras a los campesinos que sostengan la producción legal por más de cinco años.
“Tenemos más de 30 líneas económicas que podemos ofrecer a las comunidades, ya que mantenemos una colaboración tradicional con el Gobierno”, argumentó Mathiasen.
En su opinión, un punto importante “es la comercialización de los productos, que deben tener un mercado de consumo, ser competitivos y de buena calidad”, de modo que “puedan venderse a un precio que garantice la sostenibilidad de las familias y las comunidades”, sostuvo.
Fumigación terrestre
Pero la policía colombiana continuará aplicando glifosato en tierra, dijo este jueves al diario El Tiempo el comandante de esa fuerza de seguridad, Rodolfo Palomino.
La policía aplicará directamente el herbicida sobre las matas de coca, para lo cual ya se entrenan algunos agentes que actuarán en grupos móviles de erradicación, dijo Palomino.
“Una de las razones por las cuales se suspende el glifosato mediante la aspersión aérea es el riesgo de daños colaterales a personas o a cultivos lícitos”, precisó el comandante.
“No es que se haya tomado esa decisión en defensa o protección de los cultivos ilícitos”, sino que la medida puede resultar más efectiva, disminuyendo márgenes de error y evitando daños colaterales, abundó Palomino.
Probable cancerígeno
El uso del glifosato se masificó en Colombia durante los años 90 en aspersiones aéreas sobre plantaciones coca y adormidera o amapola (materia prima del opio y la morfina), pese a las denuncias de contaminación y las críticas de expertos en salud y ambiente.
Dos meses después, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, recomendó suspender las aspersiones aéreas con el herbicida.
La recomendación fue ratificada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, convocado por el presidente Juan Manuel Santos, quien anunció entonces la decisión pero sin precisar la fecha de su entrada en vigor.
Las primeras reacciones negativas fueron del expresidente y actual senador Álvaro Uribe y del procurador general, Alejandro Ordóñez, para quienes esta decisión implicaría el avance de los cultivos ilícitos.
Terrenos minados
En varias regiones del país la sustitución de la coca por parte de los mismos campesinos no es posible.
Cabe entonces la erradicación forzosa y manual, lo que entraña riesgo cuando la plantas se encuentran protegidas con minas que explotan al momento de arrancar la mata.
La Agencia Colombiana para la Reintegración, que se dedica a asistir a los combatientes desmovilizados del largo conflicto interno de este país, puede contribuir a “preparar a las personas que conocen los territorios, el clima y las circunstancias tan adversas de esta labor para que ellos entren a ofrecer su capacidad de trabajo”, dijo a Sputnik Nóvosti su director, Joshua Mitrotti.
Eliminar las matas de coca a mano es costoso, pues requiere traslados en helicópteros y un cordón de protección policial para los operadores, sin contar los recursos que se requieren para desplazarse hacia zonas de difícil acceso, preferidas por los cultivadores de drogas.
Además, dos terceras partes de las plantaciones ilegales están en parques nacionales.
Por esta razón, las autoridades propondrán a las comunidades que allí cultiven un plan de “relocalización” fuera de las reservas, “con programas de vivienda rural y servicios, y proyectos con vocación agropecuaria”, según un comunicado de la Presidencia.
