La condena de Odebrecht podría suponer una nueva amenaza contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ya que, el pasado 16 de julio, la Fiscalía de la República de Brasil, inició un procedimiento judicial con el objetivo de investigar el supuesto tráfico de influencias ejercido por Lula y que podría haber ayudado al empresario a conseguir sustanciosos contratos para su constructora en varios países de América Latina entre 2011 y 2014.
En aquel momento, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que desmintió las afirmaciones echas por la revista, de claro tinte conservador, y recordó que la misma "tiene un amplio historial de portadas y reportaje mentirosos sobre el expresidente Lula y el Partido de los Trabajadores", además insistió en la falsedad de "las alegaciones hechas por algunos periodistas sobre la falta de transparencia de la agenda internacional del expresidente, siempre en defensa de Brasil".
