La normativa define los términos de combustible nuclear y combustible nuclear gastado en línea con la Convención Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad de los Residuos Radiactivos.
Los organismos de control estatales tendrán en el futuro atribuciones más amplias en materia de energía atómica, en particular el derecho a escoger oficinas de proyectos, empresas de diseño y centros de investigación rectores. Paralelamente se delimitan las competencias del Gobierno y las autoridades regionales en este ámbito.
El Gobierno federal adquiere el derecho de aprobar el procedimiento de licencias sobre el uso de materiales nucleares y sustancias radiactivas en operaciones que prevén el uso de la energía atómica para defensa.
