La red permitirá aplicar una serie de estándares sobre gestión de prisiones y reinserción social agrupados en las "Nuevas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes", señala un boletín electrónico de la UNODC.
Los responsables carcelarios de los cuatro países andinos, reunidos en la oriental ciudad boliviana de Santa Cruz, firmaron asimismo un plan de acción para impulsar medidas alternativas a la privación de libertad para madres y mujeres embarazadas.
A corto plazo se pretende impulsar la adecuación a los estándares internacionales, poner en marcha una base de datos para el intercambio de legislaciones y buenas prácticas y promover la adopción de medidas de discriminación positiva para grupos vulnerables.
De la acuerdo con las Naciones Unidas los sistemas penitenciarios mundiales enfrentan una aguda crisis con graves repercusiones para la población carcelaria, especialmente "las mujeres y sus familias".
En Bolivia, según la Dirección de Régimen Penitenciario, los conflictos carcelarios que derivan en violencia y asesinatos, son ocasionados por el hacinamiento y la promiscuidad, por la demora en los procesos judiciales y la falta de instalaciones dignas y especializadas para la rehabilitación de los reclusos.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2015 la población privada de libertad ascendía a 14.300 personas en todo el país.
