Hacia los comicios para elegir 12 de los 32 gobernadores y un millar de los casi 2.500 alcaldes, en estados afectados por la violencia criminal, esa estrategia política contaminó el proceso en el Congreso, cuando al Senado se le acabó el tiempo del periodo ordinario de sesiones para aprobar leyes contra la corrupción.
Y en la recta final, las campañas de la principal elección antes de las presidenciales de 2018 en estados cruciales y muy poblados —como los petroleros Veracruz y Tamaulipas, asolados por el crimen organizado-se tornaron virulentas entre acusaciones mutuas de compra de votos, vínculos con el narcotráfico, y conductas inmorales.
Organismos ciudadanos como Fundar, Transparencia Internacional y México Evalúa presentaron una iniciativa que "terminó siendo un arma de campaña": la obligación de los funcionarios públicos y candidatos a presentar tres declaraciones, la fiscal, la patrimonial y la de posibles conflictos de sus intereses privados con la función pública.
Los expertos que han participado en el parlamento recogen el ánimo de la vida pública mexicana: "la frustración y el enojo social en torno al problema de la corrupción es enorme", dice Arredondo.