El secretario de Gobernación, Ángel Osorio (Interior) "condenó categóricamente los lamentables hechos de violencia ocurridos el fin de semana en Chiapas y en los límites de Guerrero y Michoacán", dijo el alto cargo federal en un discurso ante la Confederación Nacional de Municipios de México.
El responsable de la política interna y la seguridad nacional dijo que "hoy estamos llamados a hacer un frente común, para que ninguna autoridad local sea víctima de la violencia ni vuelva a ser cooptada o lastimada por grupos delictivos", en el evento organizado también por la Asociación Nacional de Alcaldes que presentó un balance de de 47 ediles asesinados en México desde 2012.
Osorio dijo que es indispensable proteger a quienes trabajan por el país, "en favor de toda la población (…), los retos que enfrentamos a nivel local así lo exigen desde el Estado de derecho y la democratización, hasta la construcción de ciudadanía y la prevención social del delito".
Prioridades municipales
Las cuatro prioridades del Ejecutivo ante el poder municipal son: primero, un país más igualitario mediante las Zonas Económicas Especiales, a fin de "disminuir las asimetrías y la desigualdad entre territorios prósperos y productivos", en el norte, y "territorios con pobreza y marginación", sobre todo en el sur del país.
El alcalde del izquierdista Abrosio Soto fue acribillado mientras viajaba cerca de la medianoche a otro poblado, Huetamo, del vecino Michoacán, y había denunciado amenazas luego de emprender acciones para combatir extorsiones y tráfico de drogas, solicitó que la policía estatal asignada a su resguardo se quedara con su familia; y solo dos policías federales que resultaron heridos lo custodiaban la noche del sábado.
El 5 de julio pasado fue asesinado un primo del alcalde, encontrado en un basurero con huellas de tortura: "Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor presidente", escribió aquel día el alcalde en su cuenta de Twitter.
Con esos asesinatos suman 47 alcaldes electos y en funciones, y la cifra aumenta a 79 alcaldes ejecutados, sí se suman otros 32 ex alcaldes que han sido victimados a partir del 2003, dijo la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
La mayoría de los ataques han sido perpetrados por delincuentes del crimen organizado y se intensificaron a partir de 2012, en el mandato del presidente Enrique Peña, pero la tendencia ascendente comenzó en el gobierno anterior de Felipe Calderón.
