"La Fiscalía de Cataluña presentará querella contra la presidenta del Parlamento catalán", anunció la Fiscalía General del Estado.
De este modo, la Fiscalía General ejecuta la petición del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado 6 de octubre recomendó el inicio de acciones penales contra Forcadell al entender que la presidenta incurrió en delitos de prevaricación y desobediencia al permitir dicha votación.
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El alto tribunal consideró entonces que el Reglamento del Parlamento Catalán no obligaba a Forcadell a permitir una votación cuyo contenido desoía las recomendaciones del TC de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos constitucionales".
Ese mismo día, la Cámara catalana respondió aprobando una resolución que establece septiembre de 2017 como la fecha límite para celebrar un referéndum de independencia que no contempla la Constitución española.
Forcadell expresó en repetidas ocasiones desde que las instituciones españoles empezaran la batalla judicial contra sus decisiones que los tribunales no conseguirán "ni frenar ni atemorizar ni coartar" a los representantes catalanes a la hora de hacer efectivo el "mandato democrático" de poner en marcha la hoja de ruta independentista.