El alto tribunal, por ocho votos a favor y tres en contra, asegura que el Gobierno catalán no tiene competencias para realizar esta prohibición.
"El Ejecutivo de Cataluña fue más allá de las atribuciones que le conceden las transferencias de gestión que ejerce en materia de espectáculos y de protección de los animales", señala el auto.
El Constitucional detalla que Cataluña tiene competencia en materia de espectáculos públicos y por tanto los puede regular, lo que le permite "vetar un espectáculo público determinado para proteger a los toros", sin embargo "no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural".
En ese punto, según el Constitucional, es donde "las competencias catalanas invaden las estatales".
A pesar de este anuncio, el Ejecutivo catalán adelantó que "no acatará esa decisión del Tribunal Constitucional".
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