"Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria, ya que significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado, del narcotráfico e incluso sostén del terrorismo, en definitiva, corrupción", dijo Correa ante los magistrados del ente constitucional.
La intención del mandatario es que la Corte apruebe una pregunta que deberá ser sometida a consulta popular el próximo 19 de febrero, durante las elecciones generales, para que el pueblo se pronuncie sobre si está de acuerdo con que los funcionarios públicos tengan prohibido mantener capitales o bienes en paraísos fiscales.
La interrogante añade que, de aprobarse, "en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano".
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De esta manera, en el plazo de un año, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales "deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causa de destitución".
Y añadió: "Esta es la pregunta que he presentado a su consideración, de tal manera que se dignen calificar como constitucional (y) seguir el tramite constitucional para la convocatoria a consulta popular".
Para Correa es fundamental que la Corte dé paso a este referéndum ya que considera que los paraísos fiscales "facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales" debido a que "habilitan a los que más poseen a mover sus riquezas donde no tienen que declararlas y así evitar cargas fiscales en perjuicio de sus ciudadanos".
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El mandatario proporcionó datos sobre los montos que se mueven en las empresas off shore y dijo que "al menos se ocultan de cinco a siete billones de dólares".
"Nosotros calculamos, de acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas, que solo en 2014 y 2015 salieron a paraísos fiscales desde el Ecuador más de 3.379 millones de dólares", agregó el presidente y recordó que desde el inicio de su Gobierno ha luchado contra este fenómeno.
Ahora la Corte Constitucional deberá estudiar en un lapso de 10 días hábiles el pedido y aprobarlo o no.
Ecuador ha encabezado mundialmente una cruzada para empujar la eliminación de los paraísos fiscales.
En la Organización de Naciones Unidas (ONU) el país presentó una solicitud para que se conforme un grupo intergubernamental que trabaje en la adopción de un documento que permita restringir la operación de dichas jurisdicciones.
