"Este es un problema transnacional, y demuestra que los criminales modernos ponen como objetivo a los estadounidenses, tanto desde el interior de nuestras fronteras y del extranjero", dijo la asistente de Fiscal General, Leslie R. Caldwell, de la división criminal del Departamento de Justicia.
La acusación señala que los detenidos, desde los centros de llamadas, exigían a sus víctimas el pago de deudas inexistentes haciéndose pasar por agentes de Servicio de Impuestos Internos, de inmigración u de otras agencias federales.
Los detenidos son acusados de conspiración por cometer robo de identidad, falsa personificación de un oficial de los EEUU, fraude electrónico y lavado de dinero.
Los operadores de centros de llamadas supuestamente amenazaban a las víctimas con la detención, encarcelamiento, multas o deportación si no pagaban los impuestos o sanciones.
Si las víctimas accedían a pagar, los "call centers" se comunicaban de inmediato con una red de cómplices con sede en EEUU para liquidar y lavar los fondos extorsionados lo más rápidamente posible mediante la compra de tarjetas de débito prepago o a través de transferencias bancarias.
