"Se abrirá causa por un decreto de obra pública que beneficia a Calcaterra", adelantaron las fuentes.
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, los mismos fiscales que investigan a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por la obra pública realizada durante su gestión en la provincia de Santa Cruz (sur), fueron quienes pidieron la apertura de una nueva causa contra el actual Gobierno tras la declaración indagatoria que efectuó la exmandataria.
Los fiscales observaron la posible comisión de un delito por parte del actual Gobierno, que modificó las condiciones de la adjudicación que había realizado el anterior Ejecutivo para soterrar el Ferrocarril Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.
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La empresa de Calcaterra, Iecsa, ganó en 2007 la licitación de este proyecto junto con la compañía italiana Ghella y la brasileña Odebrecht, esta última una de las más involucradas en el caso de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato.
De esa cantidad, 40.000 millones de pesos (2.600 millones de dólares) corresponden a obras que se concluirían en 2016.
Entre esos trabajos se destaca el soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará 45.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares) en total.
En su declaración indagatoria, Fernández puso el foco sobre este asunto, motivando la intervención de los fiscales en lo que sería la primera causa que se abre contra el actual Gobierno por supuesta corrupción en proyectos de vialidad pública.
La exmandataria declaró ante el juez Ercolini este lunes por encontrarse imputada en una causa que investiga las obras públicas concedidas durante su gestión y durante la de su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) al empresario detenido Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
