"No corresponde que yo vaya a la zona a resolver un problema que es entre privados y donde el Estado ha entregado una cantidad muy importante de recursos durante el último año", señaló Aleuy en rueda de prensa.
Los trabajadores reclaman al Gobierno de Michelle Bachelet una inyección de recursos a la mina Santa Ana, declarada en quiebra en 2015 por sus antiguos dueños y puesta nuevamente a funcionar por sus empleados, antes de que, hace algunas semanas, fuera clausurada por no contar con las condiciones de seguridad para la extracción.
No más subsidios
El senador Alejandro Navarro dijo a Sputnik Nóvosti que el Gobierno "empujó" al fondo de la mina a los obreros, al rechazar la indicación en el presupuesto para 2017, que ponía a disposición del yacimiento Santa Ana un monto de 500 millones de pesos (746.000 dólares) para realizar los arreglos necesarios en materia de seguridad.
El Gobierno insistió en la contribución entregada a los trabajadores, unos 2.300 millones de pesos (3,6 millones de dólares), sin embargo, estos remarcaron que no están dispuestos a recibir más subsidios de parte del Estado.
Los mineros "quieren trabajar y producir, y para eso es necesaria una inversión directa para temas de seguridad que solo podía hacerse mediante una ley de la República", sentenció el parlamentario, fundador del partido País.
A seguir protestando
Luego de tres semanas de protesta, los huelguistas decidieron radicalizar la movilización, bloqueando los accesos al trabajo y sumando a sus hijos y esposas a la mina, donde pasaron la fiesta de Navidad y permanecerán durante la celebración del Año Nuevo si no obtienen una respuesta del Gobierno.
"Nosotros pasamos la Navidad y si es posible el Año Nuevo para taparle la boca al Gobierno que nos ha basureado de una u otra manera; nosotros no hemos salido de este lugar y estamos dispuestos a seguir", señaló a la prensa Job Riquelme, uno de los mineros.
Asimismo, diez trabajadores realizaron una huelga de hambre que tuvo que ser depuesta después de 13 días, debido al deteriorado estado de salud en que se encontraban.
El yacimiento, tras quedar sin dueños legales, fue llevado a remate en dos oportunidades, pero no hubo postores que ofertaran.
Hasta la fecha los trabajadores del carbón se encuentran sin sueldo, a la espera de que el Gobierno cumpla con el acuerdo firmado en agosto de 2015, que incluía, entre otros aspectos, "estudiar la factibilidad para que la mina Santa Ana continúe con su operación".
El año pasado, los mineros de Santa Ana realizaron una huelga similar de 14 días por sueldos y cotizaciones impagas, enfrentados como ahora al riesgo de estar a 650 metros de profundidad e inhalando gases tóxicos de manera constante.
