La ley aprobada en el Congreso prorroga la vigencia de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
La ley está orientada a "aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres", según la iniciativa.
La norma crea también el Consejo de la Economía Popular, que estará integrado por tres representantes de organizaciones sociales y de los Ministerios de Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social.
Quienes sean incluidos podrán acceder al Salario Social Complementario, aunque la normativa no fija cuál será su monto.
La cobertura de la ley podría alcanzar a 3,5 millones de trabajadores, y prevé una inversión estatal de hasta 25.000 millones de pesos (1.612 millones de dólares).
Defender derechos
El afán de la ley es "promover y defender los derechos" de los trabajadores "de la economía popular" con miras a garantizarles "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional", dice el texto de la norma.
A cambio de esta legislación, las organizaciones desistieron en su reclamo al Gobierno de Mauricio Macri de crear un millón de puestos de trabajo en cooperativas y de aumentar en un 15% la Asignación Universal por Hijo (AUH), una ayuda social que alcanza a 3,9 millones de niños, de los más de 13 millones de menores que hay en todo el país.
La reglamentación era esperada por los sectores de la economía informal desde que la ley fuera sancionada por el Senado a mediados del pasado mes de diciembre.
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El Gobierno accedió finalmente a que entrara en vigor después de que el jueves se diera a conocer un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el que se advertía de que entre 2015 y septiembre de 2016 1,5 millones de personas nuevas han caído en la pobreza, y otras 600.000 han pasado a estar en la indigencia.
Uno de cada tres trabajadores en Argentina forma parte de la llamada economía sumergida o informal.
