"No rechazo ninguna ayuda, pero pienso que las medidas puntuales operacionales son un paliativo (…) (este martes) confiscamos 33 fusiles en una acción contra el crimen organizado, pero sólo hay que extrapolar para verificar: ¿cuántas favelas de Río de Janeiro tienen presencia de crimen organizado históricamente?", se preguntaba de forma retórica en rueda de prensa este jueves el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Río, Roberto Sá.
En su opinión, hay que "rediscutir la política criminal" porque de nada sirve aprehender armamento de gran calibre si cada portador se enfrenta a una pena de tres a seis años, lo que en según su criterio no es suficiente para disuadirles.
"Hay que enfrentarse al crimen con una legislación que diga al delincuente que no vale la pena cometer ese delito", dijo Sá, y remarcó que presentó a su homólogo en el Gobierno Federal una propuesta para revisar esas leyes.
Río de Janeiro vive en los últimos meses un auge de la violencia provocada por los enfrentamientos entre facciones de narcotraficantes y la Policía Militar; en lo que va de año murieron decenas de civiles y más de 60 policías, más que en todo 2016.
Muchas de esas muertes se están produciendo en favelas que desde 2008 se beneficiaron del programa de "pacificación" del Gobierno del Estado, con la instalación de bases permanentes de policía que pretendían acabar con el control del narcotráfico.
A pesar de que en un principio el programa dio buenos resultados y los homicidios se redujeron drásticamente ahora volvieron a repuntar y el programa de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) está siendo cuestionado incluso por las propias autoridades que lo impulsaron.
"Hoy vemos que la UPP fue un intento demasiado osado del Gobierno del Estado de Río con los instrumentos que tenía de seguridad pública local (…) fuimos demasiado osados; tal vez estemos pagando un precio caro por haber hecho ese intento de llevar la paz a todas esas áreas, incluso a las más pobres", admitió Sá.
Comparó la situación de Río de Janeiro con la de Colombia, donde iniciativas similares sí que tuvieron éxito porque estaban lideradas por el Gobierno federal, que coordinaba e involucraba a "todos los entes", dando entender que en Río las competencias de los estados no son suficientes para atajar el problema.
Las palabras del máximo responsable de la seguridad en Río de Janeiro se producen después de una jornada de pánico el pasado martes, cuando personas ligadas al narcotráfico quemaron nueves autobuses y dos camiones en las vías de entrada a Río de Janeiro como represalia por una actuación policial en una favela.
Este mismo jueves otra operación policial en la favela del Complexo de Alemão se saldó con tres muertos, cuatro heridos y más de 1.600 alumnos que no pudieron ir a clase debido a la tensión en el barrio.