'Huachicolería' o el arte de medrar a costa del Estado

Esa voz con efluvios del náhuatl, que en un principio designaba exclusivamente a quienes se dedicaban a la producción de 'huachicol' —una bebida alcohólica adulterada y de baja calidad con la que los cantineros engañaban a los consumidores etilizados—, pasó a designar después por extensión a quienes recolectaban los restos del combustible que cargaban los transportistas —diésel, gasolina, turbosina—, y lo vendían todo mezclado sin advertir al comprador final de la naturaleza bastarda de aquel producto. Hoy el vocablo designa a quienes se dedican al robo de combustible directamente de los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) para proveer al mercado negro. 

Combustible ensangrentado

El pasado 2 de mayo, una familia que circulaba en una camioneta por la autopista México-Puebla fue agredida y despojada del vehículo por una banda de ocho personas. En el asalto perdió la vida un bebé de apenas dos años y la esposa y la hija de 14 años del conductor resultaron violadas. Se presume que el motivo de la agresión fue robarles la camioneta en que viajaban, cuyo modelo es similar al que emplean con frecuencia los huachicoleros para el transporte del combustible robado. Apenas un día después, en Palmarito, un poblado del municipio de Quecholac, en el estado de Puebla, un enfrentamiento entre soldados y huachicoleros se saldó con la muerte de 10 personas: seis civiles y cuatro militares.

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Si bien el robo de combustible a PEMEX no es un fenómeno reciente, el constante aumento del precio de la gasolina —sobre todo en los sexenios de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y en lo que va del que encabeza Enrique Peña Nieto— lo ha convertido en un negocio en extremo rentable. La gasolina que se vende legamente puede costar a la fecha entre 15 y 17 pesos el litro (casi un dólar); en el mercado negro se ofrece a cinco o a siete, por lo que su demanda se ha disparado y para satisfacerla están los 'huachicoleros'.

Es un negocio tan lucrativo que quienes se dedican a ello no dudan en enfrentar a las fuerzas del Ejército con tal de preservar una fuente de ingresos que se ha convertido incluso en objeto de interés de los narcotraficantes. El huachicolero tradicional que 'ordeñaba' ductos con métodos rudimentarios ha dado paso a bandas armadas y organizadas que conceden permisos para la extracción del combustible, los cuales pueden costar hasta 50.000 pesos —unos 2.640 dólares—.

El dinero que se mueve en este negocio se calcula aproximadamente en unos siete millones de pesos diarios —alrededor de 370.000 dólares—. Si ello no bastara para dar una idea de lo rentable que resulta, se pudiera recurrir a las pérdidas que deja el robo de combustible al país, cifras que oscilan entre los 15.000 y los 20.000 millones de pesos al año, según el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

A la fecha, las estrategias de PEMEX para enfrentar este flagelo a sus arcas, que son las del Estado mexicano, no han dado ningún resultado. Nunca se implementó la propuesta de distribuir a través de los ductos un producto sin procesar que careciera de utilidad para quien se lo robara; tampoco se implementó tecnología avanzada que detectara en tiempo real una caída de presión en los ductos, certidumbre de que en algún punto de la extensa red de tuberías de PEMEX se había conectado una toma clandestina.

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Con la tecnología actual transcurren unos 40 minutos entre el momento en que se detecta una fuga de combustible —por accidente o por robo— y la llegada de personal de PEMEX al punto vulnerado; un camión cisterna para cargar el combustible robado se puede llenar en apenas media hora.

Lo más preocupante resulta, sin embargo, la necesaria complicidad de personal de la paraestatal mexicana para la ubicación de los ductos y, sobre todo, para la colocación de las válvulas con las que se extraerá el producto que circula por los mismos.

La pericia que se necesita para realizar esta labor, sin riesgo de provocar un incendio imprevisto, sólo la tienen empleados altamente calificados de Petróleos Mexicanos. Si a ello se suma el hecho de que las gasolineras —franquiciadas por PEMEX— son las receptoras del 80% del combustible robado y que los huachicoleros cuentan con el manifiesto apoyo de la población y de las autoridades locales en las zonas donde más extendido está el fenómeno —en los estados de Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y, sobre todo, en el llamado 'Triángulo Rojo', en Puebla— se cierra así el círculo vicioso y enviciante de la corrupción y la impunidad.

'Huachicolerías'

Si preocupante resulta la pérdida de dinero que sufre el Estado mexicano por la actividad depredadora de los huachicoleros, no menos preocupa que estos se hayan convertido sin procurarlo en una de las tantas metáforas con que se puede ilustrar la realidad del México contemporáneo.

Si se asume por huachicolero no sólo al delincuente que se dedica al robo puntual de combustible, sino todo aquel que ha convertido en 'modus vivendi' el robo al Estado, el mismo describiría a buena parte de la clase política mexicana y a no pocos funcionarios públicos federales, estatales o municipales que no se arredran a la hora de usar recursos de beneficio público para su enriquecimiento personal.

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Huachicoleros serían entonces todos esos gobernadores en fuga o en prisión que ordeñaron las arcas de sus estados cual ductos de PEMEX, todos esos dirigentes sindicales enriquecidos con ardides financieros de dudosa legalidad, todos esos funcionarios que se pervierten prontamente ante las tentaciones pecuniarias de sus cargos o se dejan sobornar sin sonrojarse por el mejor postor.

'Huachicolerías', pues, valga el neologismo, de quienes se entregan a tales 'artes medratorias' aguijoneados por el combustible de la pobreza extrema o por considerar que "sí merecen abundancia", como escribiera Karime Macías, la esposa del hoy detenido exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

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LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK