Esa comparecencia oficial ante la Corte del Distrito Oeste de San Antonio, Texas, se llevó a cabo "en apoyo a la solicitud hecha por organizaciones de la sociedad civil" contra la ley prevista para entrar en vigor el 1 de septiembre en ese distrito, explicó Sada.
"Leyes como la SB4 criminalizan aún más el fenómeno migratorio y abren espacios a posibles actos de discriminación racial", puntualizó el vicecanciller.
Asimismo, ese tipo de leyes "reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales y fomentan un ambiente de persecución" contra la población de origen mexicano y latino, dijo el funcionario de la diplomacia mexicana.
La comunidad mexicana, que representa una tercera parte de la población total de Texas, según el Gobierno de México, encara con temor la nueva ley que autoriza a las policías locales y estaduales a averiguar la condición migratoria de una persona durante un arresto, una detención o un operativo de rutina.
La ponencia oficial mexicana proporciona datos sobre las consecuencias que tendría esa medida mediante estadísticas que comprueban el aumento de los servicios consulares.
El documento señala que los casos de protección en el ámbito de derecho civil en los 11 consulados de México en Texas se incrementaron 45 por ciento de enero a mayo de 2017, en comparación con el mismo periodo del año pasado, y aumentó un 32,4 por ciento la expedición de documentos a mexicanos.
"Estas cifras y estadísticas reflejan la situación de incertidumbre que enfrenta nuestra comunidad en Texas y la angustia que ha generado la entrada en vigor de esta ley", puntualizó el documento legal ante la corte texana.
El tema migratorio ha escalado a la lista de las tres prioridades, junto con el comercio y la seguridad, que negocian los gobiernos de México y EEUU desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien ha emitido decretos contra la inmigración y busca asegurar la construcción de un muro fronterizo.
