"No acudí al TSJ porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada, no los reconozco", señaló la fiscal en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio Público.
Además, consideró poco ético que los magistrados que ella pidió enjuiciar busquen removerla.
Impugnación de magistrados
La fiscal general afirmó que en diciembre de 2015, cuando la anterior Asamblea Nacional (parlamento unicameral), entonces de mayoría oficialista, designó a los actuales magistrados, ella, como miembro del Consejo Moral Republicano se negó a admitirlos, alegando que en 48 horas no había podido revisar los expedientes de todos los postulados y que muchos de ellos no cumplían con los requisitos que exige la ley.
Considerada "traidora" por el Gobierno, Ortega indicó que la reunión para nombrar a los magistrados nunca se realizó y presentó una serie de documentos certificados como aval de su testimonio.
"Esa reunión no se dio, sustento para este argumento, para pedir que yo incurrí en faltas gravísimas, fue esta convocatoria y un acta del Consejo Moral Republicano, que fue la que exhibieron ellos de fecha del 21 de enero, qué tiene que ver con la designación de los magistrados que fue en diciembre, es extemporáneo… esas son las contundentes pruebas que presentaron para argumentar esa afirmación", añadió.
Por otra parte, la fiscal llamó a la población a revisar la lista que de magistrados que recibió el Consejo Moral y la que ese órgano envió al parlamento y sostuvo que uno de los suplentes designados "no aparece en ninguna de las dos listas, él se llamaba Juan Carlos Valdez González".
Artículos 155 y 156
Otro de los argumentos que presentó la fiscal para desestimar la petición que hizo Carreño en su contra, fue su declaración del pasado 31 de marzo, acerca de las sentencias 155 y 156, en las que alertó acerca de una ruptura del orden constitucional.
"El diputado en su espuria solicitud para pedir mi enjuiciamiento expone que yo señalé ligeramente que las sentencias 155 y 156 constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó un clima de hostilidad, yo sí dije eso y sigo insistiendo eso", expresó.
"Los integrantes de ese consejo, y de inmediato los abogados que fungen como magistrados, procedieron rauda y velozmente a cambiar las decisiones, cambiaron las sentencias, las maquillaron… lo que significa que yo tenía razón, porque si no tenía razón, salen a pelear su sentencia… por eso no puede constituir falta, ni mucho menos delito, esa afirmación que hice y que sigo haciendo", acotó.
Violación a la Constitución
"Además, el presidente no es el poder soberano, el poder soberano es el pueblo y es solo el pueblo el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, solo el pueblo puede darse una nueva constitución… pareciera que defender la Constitución constituye un delito, nuevamente criminalizan mis actuaciones", añadió.
Sobre los señalamientos en los que se le acusa de "caotizar" el país, llamó la atención acerca del uso de una palabra que no existe en un documento legal admitido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Advertencia
La máxima representante del Ministerio Pública advirtió que está dispuesta a defender la Constitución, aún cuando el Tribunal Supremo de Justicia resuelva removerla de su cargo.
"Si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera removerme arbitrariamente en mi condición de servidora pública, tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, al igual que todo el pueblo venezolano", manifestó.
Ortega aseguró que en Venezuela se está perpetrando un golpe de Estado contra las instituciones.
Ello, en referencia al golpe de Estado que enfrentó el expresidente Hugo Chávez (1956-2013) en el año 2002, cuando Carmona, un empresario venezolano, asumió por 24 horas la presidencia vía decreto y disolvió la Asamblea.
Con la constituyente afirmó "podrán matar y encarcelar a quienes generen críticas al Gobierno y devastar lo plasmado por Hugo Chávez en esta constitución, es lamentable".
Ortega, una mujer considerada cercana al expresidente Chávez y al proceso revolucionario que este inició, se convirtió en una figura polémica para el oficialismo en los últimos meses.
Por su parte, el Gobierno venezolano ha acusado a Ortega de traicionar el proceso revolucionario iniciado por Chávez y asegura que sus acciones están relacionadas con el interés de postularse como candidata presidencial.
En cuanto a las faltas cometidas por los cuerpos de seguridad, el presidente Maduro y los funcionarios de su Gobierno, sostienen que se tratan de acciones individuales que no representan el actuar los funcionarios de la fuerza pública y han asegurado que los responsables serán sometidos a la justicia.
