Una vez concluida la auditoría en octubre de este año, "la segunda etapa será que todas las recomendaciones que nos den las vamos a aplicar a partir de 2018 y no podrán aplicarse para elegir a las autoridades judiciales el próximo 3 de diciembre", indicó.
Explicó que los funcionarios del organismo hemisférico realizarán un análisis detallado del funcionamiento interno y la cobertura del padrón electoral en todo el territorio boliviano.
Para las próximas semanas se tiene previsto que el equipo de la OEA realice una encuesta sobre el grado de confiabilidad del padrón, sondeo que incluirá a unas 3.000 personas del área rural y urbana del país.
En esta fase de verificación del registro electoral los especialistas escogerán al azar nombres de personas que estén en el padrón para luego cruzar la información con visitas a los domicilios de los empadronados, dijo la vocal.
Anunció que en septiembre, en el marco de las acciones que impulsa el Tribunal Supremo Electoral para optimizar el padrón, se realizarán encuentros con autoridades del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú y del Instituto Nacional Electoral de México para "intercambiar experiencias".
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En el referéndum constitucional de febrero de 2016 estaban habilitadas para votar 6.243.079 personas.
