La República Dominicana se moviliza contra Odebrecht y la corrupción

La convocatoria surgió a raíz de la declaración de Marcelo Odebrecht, director de la constructora brasileña del mismo nombre, que confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos. Esto sucedió entre los años 2001 y 2014, por lo que involucra a tres períodos de Gobierno: los de los presidentes Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano, Leonel Fernández y Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana.

"El Ministerio Público llegó a un acuerdo con Odebrecht por el cual la empresa se comprometió a entregar información que permita avanzar en la investigación y pagar una multa del doble de los sobornos realizados en el país. Tras el pago, el ministerio se comprometió a no avanzar en la persecución penal de los funcionarios de la empresa radicados en el país. Esto fue un acuerdo de inmunidad", dijo a Sputnik Carlos Pimentel, encargado del programa de transparencia del colectivo Participación Ciudadana, integrante de Marcha Verde.

Hasta el momento, por el caso hay imputados legisladores, un ministro, un exministro de Obras Públicas, el intermediario entre la empresa y los funcionarios públicos que recibieron sobornos. No obstante para la asociación ciudadana "la investigación va muy lenta".

"Existen importantes evidencias de que las 17 obras vinculadas a los contratos de Odebrecht en el país fueron sobrevaluadas. Además hay evidencia de la necesidad de profundizar las investigaciones ya que hay indicios de que el caso puede involucrar al presidente de la república por cuestiones vinculadas al fincamiento de las campañas electorales del 2008, 2012 y 2016", explicó el activista.

El Ministerio Público se resiste a avanzar en la investigación de la mayor obra de Odebrecht en el país, la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, donde los indicios apuntan a sobrevaluaciones presupuestales. "La mayor limitación es que el partido de Gobierno tiene el control absoluto de todas las instancias de investigación, fiscalización y control de los actos de corrupción. La esperanza para que se haga justica recae en la ciudadanía", indicó Pimentel. Marcha Verde ha sido atacado mediáticamente por integrantes del partido de Gobierno. Según Pimentel, se les acusó de ser financiados por la oposición, el narcotráfico y diferentes grupos económicos.

Sin embargo, lo que más preocupa al colectivo es el incremento de la represión de las protestas ciudadanas. "En los últimos días, en [la provincia de] San José de Ocoa se registró una golpiza a un dirigente del movimiento. También, tras un paro convocado en la provincia de San Francisco de Macorís, entre otros temas por pedidos del cese a la corrupción en el ámbito municipal, se produjeron enfrentamientos durante dos días luego de que la policía asesinara a un joven de un disparo en la cabeza. La ciudad fue militarizada. Desde nuestra perspectiva se hizo uso y abuso de la fuerza para amedrentar a la población", señaló Pimentel.

En esta coyuntura el movimiento espera que la próxima marcha sea "pacífica pero firme": "No nos vamos a dejar intimidar pero llamos a no responder a las provocaciones de los organismos de seguridad del Estado. Las marchas que hemos realizado jamás fueron violentas, y esa es la mejor respuesta que podemos darle a una administración que pretende garantizar un régimen de impunidad en la República Dominicana", concluyó.

En los últimos 10 días, denunciaron también la golpiza de un integrante de Marcha Verde por parte de la seguridad del presidente Medina, y golpes y bombas lacrimógenas contra trabajadores y extrabajadores de la caña de azúcar.