"Estoy profundamente preocupado por la decisión sin precedentes del presidente (…) de declarar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) persona no grata y ordenar su inmediata expulsión del país", señaló en un comunicado.
El alto comisionado instó al Gobierno de Morales a que permita a Velásquez "llevar a cabo su labor sin obstáculos y a tomar medidas para garantizar la protección de los y las defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios y funcionarias judiciales, incluida la fiscal general y los jueces y juezas de los tribunales superiores y el personal de la Cicig".
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"El presidente y las instituciones del Estado a todos los niveles deben seguir garantizando la protección de los derechos humanos y el pleno respeto del Estado de Derecho", subrayó.
El anuncio se produjo después de que la Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) solicitaran, el 25 de agosto, un antejuicio contra Morales por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.
La decisión del presidente provocó una crisis institucional, con la renuncia de varios altos cargos, como las ministras Lucrecia Hernández Mack, de Salud, y Aura Lucia Teleguario, de Trabajo.
