Piden apoyo de la CIDH para acceder a archivos de inteligencia

Para la subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, Vivian Newman, los archivos de inteligencia representan un gran obstáculo para aplicar las leyes de acceso a la información.

"Los archivos de inteligencia desaparecen, se destruyen. Solo por azar llegan al conocimiento público, sea por una filtración o casualidad", sostuvo Newman, experta en transparencia, intimidad y corrupción.

A su juicio, el argumento de que los archivos de inteligencia deben ser protegidos e inaccesibles no es válido cuando implica, por ejemplo, una violación a los derechos humanos.

Ante la dificultad de hacer valer la ley en esos casos y acceder a informaciones como las de personas desaparecidas, la abogada aprovechó la presencia del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, para transmitirle la inquietud.

"Aprovechando aquí la presencia del relator de la CIDH, que ayude a trabajar ese tema", insistió.

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La experta colombiana reconoció las limitaciones de la ley de acceso en cuanto al derecho a la privacidad, incluso de gobernantes. Sin embargo, remarcó que cuando se busca el bien público y dicha privacidad esconde actos ilícitos, no puede estar por encima del interés de la sociedad.

Asimismo, recomendó a los interesados en solicitar información pública a pedirles a los funcionários públicos encargados de contestar que respete la ley aunque el acceso sea negado.

En ese sentido señaló tres puntos que debe contener un eventual retorno negativo por parte del Estado:

1. Informar en qué otra ley se choca el pedido de acceso a la información;
2. Explicar el daño que un eventual acceso a los datos solicitados puede implicar y por qué dicho daño pesa más que el interés público;
3. Identificar al encargado de la respuesta, a qué área pertenece.

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Por otro lado, Newman ejemplificó una aplicación de la ley de acceso a la información en los procesos del Acuerdo de Paz de Colombia. A partir de una solicitud de la sociedad civil respecto a los parentescos y amistades de los candidatos a integrar la comisión de paz, el Gobierno aseguró a la población que ningún integrante tuviera conflicto de intereses en la medida que tuvo que prestar cuentas sobre la transparencia de aquella instancia.

Colombia fue el primer país de América Latina en implementar una ley de acceso a la información pública en América Latina y se cumplieron más de 20 años de su aplicación. Actualmente, de acuerdo con la Unesco, más de 20 países de la región han legislado normas para asegurar ese derecho.

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Con el apoyo de Sputnik, la Unesco y el Gobierno uruguayo promueven el seminario internacional sobre el acceso a la información pública "como facilitador de los tres pilares de la Agenda de 2030: Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos". El encuentro reúne a expertos sobre todo de las Américas y termina este 29 de septiembre en Montevideo.