"En regímenes presidencialistas —como el nuestro— y con gran poder, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública", explicó el mandatario en su rendición de cuentas semanal televisada.
La reelección indefinida fue una de las últimas reformas constitucionales que logró el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) antes de finalizar, con miras a alcanzar una nueva postulación luego de que Moreno finalizara su periodo presidencial en 2021.
Pero el actual presidente, la reelección indefinida "nunca hizo parte ni del espíritu, ni de la letra" de la Constitución aprobada por los ecuatorianos en 2008.
Lo mismo se aplicará "con las empresas corruptas y corruptoras" para que "jamás puedan volver a contratar con el Estado" y en ambos casos los bienes y propiedades de esas personas y empresas se destinarán a recuperar el dinero perdido por efectos de la corrupción.
Moreno también planteará una reformulación del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las autoridades de control del país, para que sus miembros sean escogidos por votación popular y ya no por concurso.
La cuarta pregunta se enfoca a derogar la ley de plusvalía para ayudar a la recuperación del sector de la construcción, "que viene decreciendo casi en un 8%", declaró el presidente al anotar que además "tiene efectos negativos en el empleo y en la economía".
Asimismo, incluyó una pregunta sobre "la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".
Finalmente, la séptima pregunta propone que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes "no prescriban nunca".
"¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños que, amenazados por el criminal, no denuncian, ni cuentan el horror que están viviendo", detalló el mandatario.
Sin embargo, anunció que muchas de las iniciativas que llegaron hasta su despacho serán tomadas en cuenta para convertirse en propuestas de ley, programas y proyectos.
Tras la presentación de las preguntas, la Corte Constitucional deberá calificarlas para que después el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a la consulta popular respectiva.
