"Trece empresarios recurrieron la inhibición de bienes dispuesta por Casanello", informaron a Sputnik fuentes judiciales.
Ambos ejecutivos estuvieron asociados a Odebrecht en un consorcio de empresas que ganó la licitación para reformar las plantas potabilizadoras en la provincia de Buenos Aires.
La primera se encuentra en el municipio de Berazategui, y fue concedida al consorcio conformado por Esuco, constructora perteneciente a Carlos Wagner, y por Camargo Correa, empresa brasileña investigada por la justicia de su país en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
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Entre los trece empresarios que apelaron a la Cámara de Apelaciones la inhibición general de bienes se halla también Gustavo Dalla Tea, representante legal de la empresa Supercemento SAIC; Tito Biagini, presidente de José Cartellone Construcciones Civiles; Sergio Gabriel Chividini represente de la filial argentina de la compañía brasileña Camargo Correa.
Casanello rechazó los recursos y elevó al tribunal de segunda instancia los pedidos de los trece imputados.
Contexto
Entre el 1 de noviembre y el 14 de diciembre, los 28 imputados desfilarán ante el juez Casanello para prestar declaración indagatoria.
El magistrado debe resolver un pedido de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo otra de las tres causas que en el país involucran a Odebrecht, y que pidió unificar en su juzgado todas las investigaciones.
Ese magistrado instruye un caso por supuestos sobornos pagados en una obra que tenía por finalidad el soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.
A finales de 2016, la compañía se acogió al régimen de delación premiada y llegó a un acuerdo con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por el que se comprometió a pagar una multa, que finalmente fue de 2.600 millones de dólares, a cambio de confesar los actos ilícitos que cometió a través de una red de sobornos, en los que se ven involucrados varios países de América Latina.
