"¿Quién está interesado en azuzar y permitir la eliminación física de las personas que somos portadoras de una larga y digna tradición de lucha?", se preguntó Alape en su cuenta de la red social Twitter al tomar las palabras de un comunicado emitido a su vez por la dirección política del Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración Aldemar Galán.
¿Quién está interesado en azuzar y permitir la eliminación física de las personas q somos portadoras de una larga y digna tradición d lucha? pic.twitter.com/i7Q8BQ9R4d
— Pastor A. Lascarro (@AlapePastorFARC) 18 de octubre de 2017
De acuerdo con el texto, los hechos se registraron el 15 de octubre en San José de Tapaje, en el municipio de El Charco (Nariño, suroeste), por parte de una banda encabezada por Robinson Alirio Cuero Obando, alias "Álvaro Galán", y Eliecer García Estupiñán, alias "Marcos Arteaga", quienes según fuentes de Inteligencia Militar eran antiguos miembros del Frente 29 de las FARC y hoy integrantes de grupos disidentes.
El comunicado también señaló que desde la zona ya se había lanzado la alerta "ante la composición tripartita del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (conformado por delegados de la ONU, el Gobierno y las FARC) desde el mismo momento en que se detectó" la situación de riesgo, "pero no pasó nada y ahí están las consecuencias".
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En la actualidad dicho mecanismo ya no existe, ya que se disolvió cuando las FARC dejaron las armas y se convirtieron en partido político de izquierda el pasado 1 de septiembre, cuando adoptaron el nombre de Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, manteniendo su histórica sigla.
Más temprano el 18 de octubre, las autoridades señalaron que buscaban determinar la veracidad de dicho enfrentamiento, ya que señalaron no tener pruebas de que el mismo hubiera ocurrido.
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El departamento de Nariño atraviesa por una escalada de asesinatos de líderes sociales e indígenas, así como enfrentamientos entre grupos criminales, como consecuencia de los extensos cultivos de coca que hay en la región y la ausencia de planes efectivos de sustitución de cultivos ilícitos por parte del Gobierno.