"En la mayoría de los casos, las víctimas pertenecen a las comunidades indígenas y afrocolombianas", indicó ACNUR en un reporte emitido en Ginebra y publicado en su página web.
De igual modo, destacó que alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en la región del Pacífico colombiano en lo que va de 2017, mientras que otras más viven en confinamiento, lo que significa que no pueden acceder a sus cultivos o ir a pescar para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.
Solo "entre el 7 y el 12 de noviembre últimos, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (suroeste)", reportó el organismo, que destacó que los líderes de estas áreas "creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos".
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Ante esa situación ACNUR hizo un llamado al Gobierno de Colombia para que brinde protección a las poblaciones más afectadas, incluidas las personas desplazadas internas, lo cual "es crucial para los esfuerzos de consolidación de la paz" en el país.
El vacío de poder dejado por la desmovilización de la ahora disuelta guerrilla de las FARC (convertida en partido político tras la firma de un armisticio con el Gobierno) ha convertido varias regiones del país en territorios disputados entre grupos armados ilegales que buscan hacerse con los territorios y las rutas del narcotráfico, quienes son los primeros responsables de los asesinatos de los líderes sociales.
