La MOE supervisará "el referéndum y consulta popular del 4 de febrero en Ecuador, según el acuerdo firmado hoy por el Gobierno ecuatoriano y la Secretaría General de la Organización", indicó la OEA en su comunicado.
El representante permanente de Ecuador ante la OEA, José Valencia, sostuvo que esta será "la decimonovena misión de la OEA en el país", lo que "evidencia la constancia y la consolidación de la democracia en el Ecuador en ya varias décadas de elecciones".
Valencia destacó asimismo que esta es una muestra del "trabajo conjunto de la sociedad ecuatoriana, y también el compromiso de la OEA, brindando su respaldo a los Estados para el fortalecimiento de sus instituciones democráticas", según cita del comunicado.
Almagro indicó que "agradecemos la confianza del Ecuador y les deseamos éxito en este ejercicio de democracia directa en que se busca involucrar al soberano de manera activa y comprometida".
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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) había pedido a la OEA revisar la convocatoria a la consulta popular, realizada por el actual mandatario, porque esta, argumentó, "rompe con el orden" del Estado pues no recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
Las siete preguntas ante las que se pronunciará la ciudadanía el 4 de febrero se dividen en cinco de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta (reformas a leyes menores).
La primera pregunta al ciudadano si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".
La segunda plantea eliminar la posibilidad de la reelección indefinida, lo que impediría a Correa volver a postularse a la presidencia.
La tercera interrogante es para autorizar la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de contralor.
La sexta pregunta propone derogar o no la Ley de Plusvalía.
La séptima propone extender en el Parque Nacional Yasuní (sudeste) la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Según un último sondeo de la encuestadora Cedatos, el 50% de los encuestados afirmaron que votarán Sí a todas las preguntas.
Unos 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar.