"Ambas cosas están ligadas", dijo en respuesta a si su programa de gobierno estaba destinado a restituir las instituciones catalanas, intervenidas por el Ejecutivo central tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, o construir la República.
En una entrevista de una hora en El Matí de Catalunya Ràdio, Puigdemont pidió al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, respetar los resultados de las pasadas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
"Nadie puede discutir los resultados del 21-D", aseveró al subrayar que, por lo tanto, le corresponde a él liderar la primera votación de investidura.
El expresidente de la Generalitat catalán también consideró posible ejercer el cargo desde Bruselas si vuelve a ser elegido.
"No se puede ser presidente y presidiario", afirmó.
Puigdemont argumentó que se pueden ejercer funciones de gobierno de manera telemática gracias a las nuevas tecnologías, que facilitan la comunicación desde la distancia, y recordó que, de estar en prisión, no podría ni gobernar ni conceder entrevistas.
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El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) destacó que el Parlamento "es un reflejo de la voluntad de Cataluña" expresada en las urnas en las elecciones del pasado 21 de diciembre, y que "el 155 ha sido derrotado en las urnas" en referencia al artículo de la Constitución Española que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.
Puigdemont llegó a Bélgica huyendo de la persecución de las autoridades españolas, luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
Los servicios jurídicos de la cámara cuestionaron el 15 de enero tanto la posibilidad de una investidura telemática como de una investidura delegada, y consideran "imprescindible" que el candidato se encuentre en la sede parlamentaria.
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El informe de los letrados tampoco avala que los diputados electos en prisión puedan delegar su voto.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
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La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y los tribunales españoles comenzaron procesos judiciales contra varios políticos independentistas.
