Son 249 las personas de esta comunidad rural que debieron abandonar sus hogares a raíz de las agresiones que recibieron por oponerse al Gobierno de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez.
"El Estado debe, en primer lugar, evitar el desplazamiento de personas, en segundo, atender las necesidades básicas de estas y en tercer lugar generar las condiciones para el retorno y tomar medidas de no repetición de los acontecimientos que los llevaron a esta situación. Pero nada de esto ha sido cumplido por parte del Estado mexicano y es por esto que a un año y nueve meses los desplazados se ven obligados a tener que protestar para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos", explicó.
Asimismo, buscan que sus demandas lleguen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga y llegue alimento a los desplazados ya que, hasta el momento, han sobrevivido gracias las donaciones de la sociedad civil, señaló el director.
El otro gran objetivo de las manifestaciones es lograr la liberación de dos integrantes de la comunidad que fueron detenidos como autores del asesinato de la niña Adriana Méndez Gutiérrez, cuyos padres son seguidores de la alcaldesa Pérez.
"El Gobierno de Chiapas pretende una reconciliación en la comunidad pasando por encima de la Justicia. Es decir, quiere que los dos grupos (la comunidad indígena Tzotziles y los simpatizantes del Gobierno municipal) se perdonen, se comprometan a no agredirse mutuamente, que queden en libertad los detenidos de ambos grupos y que regresen a sus tierras como que si nada hubiera sucedido", afirmó.
Para el activista, en México no hay separación de poderes ya que el Poder Judicial responde a una orden del gobernador del estado, Manuel Velasco, para que el conflicto sea resuelto en una mesa de carácter político.
El desplazamiento forzado de las familias indígenas tzotziles se dio a raíz de su rechazo a la elección y posterior gobierno de Rosa Pérez como alcaldesa del municipio de Chenalhó.
Según Cadenas, su designación tenía como fin de construir la estructura para que su partido (el Partido Verde, también gobernante en el estado de Chiapas y aliado del oficialista Partido Revolucionario Institucional) pudiera utilizar en las próximas elecciones y aprobara sus iniciativas y reformas de leyes.
La resistencia al Gobierno municipal fue perseguida políticamente y desencadenó el 16 de mayo de 2016 cuando los opositores, según sus costumbres, quitaron del poder a Pérez y nombran a un nuevo alcalde.
Luego de estos hechos de violencia, los indígenas tzotziles agredidos tuvieron que abandonar su comunidad, sus hogares fueron quemados y sus cultivos (su principal fuente de alimento y trabajo) fueron robados.
Esta no es la única situación de desplazamiento forzado en Chiapas, ya que debido a un enfrentamiento entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó, en octubre de 2017, fueron agredidos y obligados a irse más de 6.000 personas.