"Las denuncias de esta gravedad institucional deben ser abiertas a la investigación; no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio", advirtió Moldes en su dictamen.
Del mismo modo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) está a punto de ir a juicio por el memorándum con Irán que firmó durante su gestión, se debe seguir la misma pauta en relación al documento suscrito con Catar, señaló Moldes.
"Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosímiles no puede ser cerrada caprichosamente", enfatizó el fiscal.
Lea más: The Wall Street Journal: "A Macri se le acaba el tiempo"
La causa judicial comenzó a raíz de una denuncia presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, a la que luego se añadió otra de diputados opositores al Ejecutivo de Mauricio Macri, acusado de cometer un delito contra la administración pública.
El objetivo del acuerdo apuntaba, según la denuncia, a concretar una serie de inversiones de Catar en Argentina, incluyendo supuestamente una estructura opaca (offshore) y la designación de un "gerente extranjero" para manejar los fondos de manera discrecional, lo que supone un perjuicio para la administración pública.
En el expediente también se involucró a la vicepresidenta Gabriela Michetti y la exministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.
Por la parte catarí, la denuncia apuntaba contra el emir de ese país, Tamim bin Hamad Al Thani, y el representante de la Autoridad de Inversión de Catar (QIA), Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani.
El Senado sancionó en noviembre de 2017 una ley de Participación Público Privada (PPP), impulsada por el Ejecutivo para atraer inversiones, que autoriza al Gobierno a adjudicar contratos a empresas que puedan hacer frente al financiamiento de grandes proyectos.
