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Diputado chileno critica cambio del Gobierno de Piñera en ley de aborto

© AFP 2022 / Chandan KhannaModelo de un feto
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SANTIAGO (Sputnik) — El nuevo protocolo que aplicará el Gobierno de Chile sobre la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales busca impedir que la norma se implemente correctamente, dijo a Sputnik el diputado de Revolución Democrática (izquierda), Miguel Crispi.

"Hay una intención muy clara de parte del Ejecutivo (que preside Sebastián Piñera) de impedir que se implemente como corresponde la ley que interrumpe el embarazo en tres causales", afirmó Crispi en referencia a la modificación que el viernes pasado hizo el Gobierno en el protocolo de objeción de conciencia en el marco de la norma.

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Ese cambio permite que los centros de salud privados que reciben financiamiento público puedan acogerse a la "objeción de conciencia institucional" para impedir que los profesionales médicos realicen abortos dentro de sus establecimientos.

"La objeción de conciencia debía ser una excepción a la ley, pero probablemente se convierta en la norma, de hecho estamos observando que día a día hay nuevas instituciones de salud que deciden ser objetoras de conciencia institucional", explicó el diputado.

Crispi, junto a otros diputados de izquierda, acudió el lunes a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise la modificación al protocolo que regula la ley, con el objetivo de impugnar el cambio.

"Cuando las leyes se promulgan el Ejecutivo publica un reglamento o protocolo para implementarla, y esperamos que la Contraloría se pronuncie sobre este reglamento, que creemos que contraviene el espíritu de la ley de aborto", señaló.

Clínicas que se acogen a la objeción

La ley de aborto en tres causales promulgada el año pasado por la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) permite interrumpir un embarazo en caso de peligro de vida para la madre, inviabilidad del feto o en caso de una violación.

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Sin embargo, la norma contempla el derecho de objeción de conciencia, que permite que un doctor en particular o que toda una institución de salud completa se niegue a practicar abortos, con excepción de los centro de salud públicos o los centros de salud privados que reciben financiamiento fiscal.

Esta última excepción sobre los centros de salud privados es la que fue eliminada la semana pasada del protocolo por el Gobierno que preside Piñera.

Actualmente hay siete las clínicas privadas que han manifestado públicamente que se acogen a la objeción de conciencia institucional y anunciaron que no realizarán abortos en sus establecimientos.

En su mayoría se trata de clínicas que están ligadas a la Iglesia Católica y a organizaciones religiosas.

Otras críticas

Los primeros en rechazar la modificación fueron cuatro exministros de Bachelet, quienes se reunieron el lunes y realizaron una conferencia de prensa asegurando que lucharán para que "Piñera no retrotraiga lo avanzado por el Gobierno anterior".

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"Hay que estar alerta para que este Gobierno no retroceda en los derechos obtenidos, los exministros vamos a defender la ley (de aborto) porque creemos que hay una ciudadanía detrás que apoya esta medida", dijo la exministra vocera de Gobierno, Paula Narváez.

Además de Narváez, también participaron el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, la exministra de Salud, Carmen Castillo y la exministra de la Mujer, Claudia Pascual.

La organización feminista Miles Chile mostró este martes su rechazo a la modificación del protocolo y dijo al diario La Tercera que el dinero que recibirán las clínicas objetoras "podría servir para contratar más médicos que efectúen abortos".

Las clínicas que han manifestado ser objetoras de conciencia institucional son: el Hospital Clínico de la Universidad Católica, la Clínica Alemana de Osorno, Clínica Indisa, Clínica Los Andes, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Panguipulli y el Hospital de Pucón.

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