"El 78% defiende el fin del fuero privilegiado, el 12% cree que debe continuar y el 10% no supo responder a la pregunta", dice el informe, encargado por la emisora de radio local CBN.
En la actualidad cualquier acusación contra autoridades políticas se trata en cortes especiales: en el caso del presidente del Gobierno, diputados y senadores en el Tribunal Supremo Federal y los gobernadores son juzgados en el Tribunal Superior de Justicia.
La norma podría cambiar a partir de este 2 de mayo, cuando el Tribunal Supremo Federal se reunirá para poner algunos límites a las condiciones, según las que el fuero solo valdría para actos practicados durante el mandato actual y que tengan que ver con la función desempeñada.
En la encuesta también se consultó si cambiar la regla tendría algún impacto en la imagen de la Justicia: el 45% respondió que no y el 36% indicó que pasaría a confiar más en las decisiones judiciales.
La corrupción está entre las principales preocupaciones de los brasileños en los últimos años debido a la Operación Lava Jato, que destapó un gran esquema de corrupción en la empresa semiestatal Petrobras.
Muchos de los presuntos implicados en esos delitos (como ministros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer) pueden continuar en sus cargos debido a la inmunidad parlamentaria, ya que la Justicia ordinaria solo podrá juzgarlos una vez que dejen el Poder Ejecutivo.
