"Lo que solicitamos es la presencia de fiscales de derechos fundamentales, un tribunal itinerante, y que nos garanticen nuestras vidas, porque de lo que pueda suceder aquí hacemos responsables al Estado", dijo a esta agencia el detenido Fred Mavares, un expolicía que fue recluido en el Helicoide tras ser acusado del asesinato de un periodista del canal estatal Venezolana de Televisión.
En 2016 la justicia declaró inocente a Mavares y ordenó su excarcelación, pero el SEBIN lo mantuvo detenido sin ofrecer explicaciones.
Mavares agregó que los detenidos no están dispuestos a negociar con los agentes del SEBIN, como ocurrió en el mes de mayo, cuando también se reportó la toma de esa cárcel en pleno centro de Caracas.
"No vamos a doblegarnos a ceder las instalaciones hasta que no se solucione ese problema en el SEBIN, deben tomar medidas drásticas hacia los comisarios que están aquí, que hacen ejecutar órdenes arbitrarias", señaló.
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Los amotinados exigen que se ponga en libertad a quienes tienen boleta de excarcelación, que se celebren audiencias en los tribunales para los políticos presos, que se traslade a centros de salud a quienes se encuentran enfermos y que se respete el régimen de visitas.
"Tenemos dos meses sin visitas, sin agua, dos meses en los que no trasladan a nadie a los tribunales ni hospitales, hay más de seis personas con boletas de excarcelación desde hace dos años. ¿Qué queda para quienes esperan ser sometidos al debido proceso penal?", se quejó Mavares.
Por otra parte la periodista Daisy Galaviz publicó en su cuenta de la red social Twitter que tres ambulancias salieron del Sebin que presuntamente trasladaban a un detenido herido.
Hasta el momento, esta agencia no ha conseguido un pronunciamiento de la Fiscalía.
El pasado 16 de mayo, se produjo otra toma del Helicoide que duró tres días y que se levantó luego de que las autoridades acordaron con los detenidos la instalación de un tribunal itinerante que, según Mavares, no está funcionando.
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Posteriormente, el Gobierno se comprometió a agilizar la liberación de personas detenidas por motivos de violencia política en diversas prisiones del país, y en total se conoció que fueron beneficiados 128 aprehendidos.