"Fuentes del alto tribunal explican que en estos momentos la balanza se inclina por rechazar su entrega, postura que tendría el visto bueno de la Fiscalía", informa el citado diario.
De ser encontrado culpable de un delito de malversación, Puigdemont podría afrontar una pena de hasta 12 años de cárcel.
Con todo, esa pena sería considerablemente menor de la que afrontaría en caso de ser juzgado y posteriormente encontrado culpable también por un delito de rebelión, penado con entre 15 y 25 años de cárcel para los casos en los que no media el uso de armas.
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En consecuencia, de ser enviado a España solo por un delito de malvarsación, el jefe del Gobierno catalán que convocó el referéndum del pasado 1 de octubre no podría sentarse en el banquillo de los acusados como principal señalado en la causa.
"Si Puigdemont no puede liderar el banquillo como principal acusado, tal y como se afirma en la instrucción, prefieren que no sea juzgado junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de consejeros", añade la información publicada por La Vanguardia.
Según informan distintos medios de comunicación citando a fuentes internas del Tribunal Supremo, Llarena se encuentra estudiando todas las opciones a su disposición.
Esto incluye, desde el rechazo del envío a la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantear una cuestión en la que Europa resuelva si Alemania incumplió el derecho comunitario al rechazar los términos de la orden emitida por Madrid.
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Por su parte, Carles Puigdemont ya anunció su intención de recurrir el fallo de la Justicia alemana para evitar su envío a España para ser juzgado por un posible delito de malversación.