Para ello esta ley también tendrá que ser aprobada por la Cámara Alta del Parlamento, algo que está previsto para después de las vacaciones de verano.
Una vez aprobada la ley, el fondo estratégico de Irlanda tendrá que vender las acciones de 150 compañías por un valor de más de 300 millones de euros.
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La ley es fruto de más de dos años de trabajo del diputado Thomas Pringle, de la ONG Trócaire, y otros grupos de la sociedad civil como activistas y estudiantes, además de la Red Global de Acción Legal (GLAN). Teniendo en cuenta el apoyo que recibió la nueva ley por parte de todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición y parte del Gobierno, no debería haber problemas con una rápida aprobación de la ley.
Dicha ley fue promovida con el fin de poder cumplir con las obligaciones que Dublín asumió en el acuerdo de París sobre el cambio climático. De hecho, el primero en proponerla fue el diputado independiente Thomas Pringle en 2016 para mejorar la imagen de Irlanda en la lucha contra el cambio climático.
Irlanda sigue así en parte el ejemplo de Noruega, que ya vendió sus acciones en compañías carboníferas pero que por el momento no se ha pronunciado sobre qué hacer con sus inversiones en empresas petrolíferas y de gas, concluyó el columnista.
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