Las cifras que maneja la Fundación Alameda dan escalofríos. Según dijo a Sputnik Ezequiel Conde, la mayor parte de los talleres están en Capital Federal, donde se calcula que hay unos 3.000 y 30.000 personas esclavizadas, y en Provincia de Buenos Aires, donde se estima en total hay 20.000; en el interior del país se concentran en los centros urbanos, como en Provincia de Córdoba y Rosario.
En ese sentido señaló que en 2012 se facturaron 9,8 millones de dólares en blanco, y se preguntó cuántas serían las ganancias si también se tuviera en cuenta lo que se factura en negro, casi imposible de estimar.
"Hay bastante oído sordo […] pasa que el nivel de plata que se maneja es muy alto y la corrupción esté a flor de piel —aseguró Conde-. Para que todo esto funcione los entes inspectivos cobran coima [soborno], las fuerzas de seguridad, la Justicia Federal, hay un entramado mafioso amparado por el Estado que es el que se mantiene".
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"Antes vos tenías muchos talleres clandestinos uno al lado del otro, muchos en la zona de la Capital Federal, y eso fue mutando a las provincias. Los talleres se fueron transformando en más escondidos, más pequeños", explicó.
Conde considera que por dos motivos, ambos trágicos. El primero se remonta más atrás en el tiempo data de 2006 y se refiere a la tragedia de Caballito, donde murieron seis niños y una mujer a raíz de un incendio que se dio en uno de los talleres textiles de la calle Luis Vitale, en CABA. En 2015 también hubo otro incendio en otro taller del barrio Flores, esa vez murieron dos niños.
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"Habíamos tenido un salto de calidad del trabajo cuando se empezaron a hacer denuncias muy fuertes" a raíz de los trágicos hechos, aseguró Conde. Sin embargo, hizo hincapié en que cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007 "cambió abruptamente y no pudimos avanzar más".
"Hay dos cuestiones muy importantes [la marca] Cheeky y Awada pertenecen a la primera dama [Juliana Awada]. Hemos denunciado tres veces a Cheeky, dos veces a Awada, filmamos con cámara oculta y demostramos que tenían trabajadores haciendo labor forzado. Era la causa que más había avanzado [en la Justicia], pero desde que asumió hubo una protección mucho mayor a todo lo que es el entramado de los talleres clandestinos", aseguró Conde.
El segundo motivo tiene que ver con la "crisis económica muy seria" que está atravesando el país, agregó.
La situación de vida de los que son explotados
Según contó Conde, se trata de personas extranjeras en situación de vulnerabilidad que son llevadas a Argentina a través de artimañas y engaños. "Se les promete casa, comida, estudio para los hijos, buenas condiciones de trabajo y pago en dólares", explicó.
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Pero cuando llegan a destino les sacan los documentos y los obligan a trabajar "por deuda". Algunas veces los explotadores incluso amenazan a los familiares que quedaron en Bolivia.
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Las personas que son explotadas habitan los mismos talleres en los que trabajan, que Conde describió como pequeñas piezas sin ventilación en la que están hacinados junto a sus hijos y familiares.
"Hay niveles muy altos de tuberculosos porque imagínate, en costura se maneja mucho polvillo por el tema de la tela, y están en lugares totalmente encerrados, porque lo que no tiene que llamar la atención, alimentándose muy mal y durmiendo muy poco".