"Esperamos que en estas mesa de trabajo podamos discutir sobre una propuesta que estamos trabajando para reformar el artículo 102 de la Constitución y una propuesta de ley orgánica para la nueva fiscalía autónoma", dijo Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
"La fiscalía que el país necesita debe ser independiente de intereses políticos y económicos, autónoma en sus investigaciones, con capacidades profesionales que le permitan llevar a juicio a los responsables que han cometido los delitos que más le duelen a la sociedad mexicana", definió Guevara.
El activista preside desde mayo de 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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En las sesiones de las próximas semanas se abordará una agenda que incluye la profesionalización de la nueva fiscalía, los mecanismos de supervisión y control internos, la especialización de las fiscalías, los mecanismos de designación y remoción de funcionarios y el régimen de transición entre la actual Procuraduría y la nueva institución, entre otros temas.
Debate sin conflictos de intereses
Los representantes de los colectivos ciudadanos que participarán en las mesas de trabajo firmaron una carta para evitar conflictos de intereses.
En la misiva se comprometen a no ocupar ningún cargo en la próxima la fiscalía general, incluyendo fiscalías especializadas en otras materias, como la de delitos electorales, anticorrupción y contra la libertad de expresión, en un periodo de tres años a partir de este 9 de agosto.
"Estamos participando en estas mesas de buena fe, creemos que los resultados van a ser satisfactorios para todos los actores civiles y gubernamentales involucrados en ellas", estimó Guevara, al referirse al espíritu de los diálogos con los próximos funcionarios federales que asumirán su mandato el 1 de diciembre.
López Obrador simpatiza abiertamente con ese esquema que, según las organizaciones, impide la independencia de esas instancias de procuración de justicia, anticorrupción y contra delitos electorales
La propuesta ciudadana es que los nombramientos sean "transparentes" para que garanticen igualdad de oportunidades al participar en ese proceso.
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Las organizaciones de la sociedad civil que participan en el diálogo buscan garantizar que en ese proceso de selección de fiscales "no tengan valor las alianzas de grupos de intereses ni las preferencias ni las alianzas políticas de los participantes ni del Poder Ejecutivo federal", enfatizó Guevara.
Todos los participantes de las mesas de trabajo manifestaron su voluntad y compromiso para elaborar de forma conjunta "un modelo de fiscalía general en el que la justicia sea imparcial".
"La idea es que no ocurran simplemente cambios cosméticos, como ha sido el caso en la mayoría de procuradurías anteriores, que se han transformado en cambios meramente de nombre, sin contenido democrático", enfatizó Guevara.
Ambas partes, civiles y futuros funcionarios, aseguran que "la dignidad de las víctimas, la eficiencia de la investigación y el ejercicio de la acción penal serán los principios rectores de una institución encargada de atender un mandato popular: erradicar la impunidad", dice un breve reporte del encuentro.
En México la mayoría de delitos no se denuncian por la desconfianza hacia las instituciones judiciales y policiales.
Del bajo porcentaje de denuncias que llegan a los tribunales, solo el 2% terminan en condenas judiciales, de manera que la impunidad abarca 98% de las causas penales.
Las mesas de trabajo presentarán un calendario de actividades y una fecha para la publicación de conclusiones.
