"El grupo de arbitraje reconoció ilegales (…) las preferencias discriminatorias a los proyectos de infraestructura y el hecho de otorgarles el estatus de 'proyectos de interés común', siempre que estén orientados a suministrar gas no proveniente de Rusia", dice el comunicado del organismo gubernamental ruso.
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Así, según la OMC, la medida RTE-E (redes transeuropeas de energía) que establece los criterios para designación de proyectos de infraestructura de interés común, que gozan de determinados privilegios, "crea unas condiciones más favorables para el transporte del gas natural que no sea de origen ruso y por tanto contradice los artículos I:1 y III:4 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994".
La entidad subrayó que la OMC apoyó a Rusia en los puntos clave de su disputa con la UE sobre el tercer paquete energético.
En particular, la organización reconoció como ilegítimas las restricciones cuantitativas a los suministros de gas ruso a través del gasoducto Opal, incluido el uso del 50% de su capacidad, así como normas de la UE sobre ventas de gas en el mercado de valores.
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El ministerio ruso expresó su esperanza de que tras la decisión de la OMC los proyectos de la compañía pública rusa Gazpom en el territorio de la UE no sean discriminados.
El 30 de abril de 2014, Rusia solicitó la celebración de consultas con la UE con respecto a medidas relativas al sector de la energía en el marco del denominado tercer paquete energético.
El 11 de mayo de 2015, Moscú solicitó el establecimiento de un grupo especial de la OMC para examinar el caso que fue establecido el 7 de marzo de 2016.
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El tercer paquete energético, aprobado en 2009 en la UE con el objetivo de reformar el mercado europeo del gas natural, obliga, en particular, a separar las empresas que lleven a cabo cualquiera de las funciones de producción o suministro de gas de los gestores de red de transporte o las red de transporte de ese combustible, lo que en particular obstaculizó la construcción del ya cancelado gasoducto South Stream de Rusia a la UE.
Este principio de separación fue sustentado por la OMC en su informe de este 10 de agosto.
